Los firmantes, cargos públicos y responsables políticos
de la Comunidad
Autónoma de Canarias, queremos
expresar lo siguiente:
La realidad actual y los cambios estructurales que se
han producido en el sistema económico y sus consecuencias obligan, en cierto
modo, a comprender que algunas seguridades del pasado ya no existen. A que la
situación requiere y obliga a cambios -no sólo superficiales sino sobre todo
estructurales- en la manera de funcionar, en el ámbito público y en el gobierno
de la 'cosa pública'.
Uno de los cambios que tenemos que asumir de manera
urgente se refiere a las relaciones entre los gobiernos -en los diferentes
ámbitos: estatal, autonómico y local- y la ciudadanía; entre las personas que
han sido elegidas democráticamente para ejercer los poderes decisorios
otorgados por las leyes y los ciudadanos y ciudadanas a quienes afectan las
decisiones que se han tomado.
Si en el periodo de democracia que hemos vivido hasta
ahora se ha gobernado sobre todo “para”
la ciudadanía, ahora es el momento de empezar a gobernar “con” la ciudadanía. Grandes
cuestiones de interés general deben ser afrontadas y resueltas con un mayor
grado de implicación de los ciudadanos para garantizar respuestas más adecuadas
y, sobre todo, sostenibles en el tiempo, más allá de cada mandato o periodo
electoral.
Pensamos que los nuevos caminos de la política están
unidos a la participación de la ciudadanía, y a la extensión y el ejercicio de
los nuevos derechos sociales que están naciendo junto a la sociedad del
conocimiento y la sociedad en red.
El paso del “para” al “con” sólo puede ser pensado como
un proceso que requiere gradualidad y progresión; sus resultados no pueden ser
inmediatos. Además, debe estar basado tanto en la propia experiencia de su
desarrollo como en la incorporación de planteamientos más claros que los que
hasta ahora han existido por parte de los responsables políticos.
Así, tiene que quedar muy claro que la participación de
la ciudadanía en los diferentes ámbitos, competencias y órganos que puedan
existir o que se puedan crear, integra y no sustituye la voluntad y las
decisiones de los órganos cuyos ámbitos y competencias están legitimados por el
sufragio universal, basándose en la voluntad política de quienes como
responsables de sus actos, acuerdos y decisiones en el ámbito de sus
competencias y de sus objetivos y visiones políticas, consideran necesaria, en
pro de la profundización y de la sostenibilidad democráticas, dicha
participación.
Por otro lado, siendo los partidos políticos el
instrumento fundamental de la participación de la ciudadanía en la vida pública
según nuestro orden constitucional, resulta evidente que el compromiso para
hacer de tal participación algo tangible y sustancial, y no puramente
decorativo, implica una reflexión sobre nuestras organizaciones, sobre la
mejora de sus mecanismos de democracia interna, y también sobre sus relaciones
con la ciudadanía no militante, más allá de los distintos momentos electorales.
Convendría establecer unos criterios unívocos a la hora
de definir reglamentos, normas, órganos y funciones de la participación de la
ciudadanía en los diferentes ámbitos territoriales o funcionales en los que
pueda o debería existir. Sin que prime ningún orden y prioridad, podemos
avanzar los siguientes criterios:
- Los espacios de participación sólo pueden ser de
integración de todos los ámbitos decisorios legalmente establecidos.
- Los procedimientos de la democracia participativa,
complementarios y distintos de los de la democracia representativa, hacen
primar los valores cualitativos, la deliberación y la búsqueda del consenso,
acogiendo todas aquellas opiniones divergentes.
- La participación de la ciudadanía exige una información adecuada, previa y accesible, que
permita tener real conocimiento de las materias a tratar, evitándose que las
legítimas diferencias ideológicas sean el único elemento a tener en cuenta.
- Los espacios de participación son abiertos. A ellos
acuden tanto las personas en representación de organizaciones colectivas de
toda índole, como las personas a titulo individual.
Por último, queremos señalar que este documento está
también abierto al diálogo y al debate sin que esté condicionado por posturas
de defensa de intereses particulares o partidistas.
